Fuente: Elpais.com http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/20/actualidad/1321765280_310358.html
Dos jóvenes campesinos de la provincia argentina de Santiago del
Estero (noroeste del país), Cristian Ferreyra, de 23 años, y su cuñado
Darío Godoy, de 26, habían ido a reclamar al peón de un terrateniente
que dejara de instalar postes para alambrar las tierras que unos y otros
se disputan. La respuesta no se hizo esperar: dos guardias de seguridad
privada irrumpieron más tarde en la casa de Ferreyra, lo mataron de un
tiro de escopeta e hirieron de gravedad en los dos muslos a Godoy. La
muerte de Ferreyra constituye el tercer asesinato de un campesino
argentino que lucha por su tierra desde 2009. Algo que no era habitual
en Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, como
Brasil, poco a poco se repite. La noticia repercutió en la prensa de
Buenos Aires y puso en tela de juicio al gobernador santiagueño, el
kirchnerista Gerardo Zamora, a quien los campesinos acusan de hacer
oídos sordos a sus protestas.
“Antes vivíamos tranquilos en las tierras de nuestros antepasados”,
cuenta Ricardo Cuéllar, que compartía con Ferreyra la militancia en el
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la pertenencia a
la etnia indígena lule vilela. “Todo esto comenzó a cambiar a partir de
1995, sobre todo desde 2000, porque se vino la gran producción de soja y
la ganadería en corrales”, explica Cuéllar. Los lule vilela habitan
tierras boscosas que con el tiempo comenzaron a ser codiciadas por
terratenientes de otras provincias porque la soja transgénica podía
plantarse sin problemas en esas zonas más áridas y, a su vez, la
ganadería extensiva empezaba a reemplazarse por la intensiva, alimentada
con harinas derivadas de esa oleaginosa o del maíz. Esos inversores
compraban tierras fiscales y privadas en las que habían vivido
generaciones de indígenas y otros campesinos. En 1996, en Santiago del
Estero 95.000 hectáreas estaban sembradas con soja, según el geógrafo
Marcelo Giraud. En 2010, 1,1 millones de hectáreas.
En 2006 una ley nacional frenó los desalojos de pueblos originarios y
al año siguiente otra legislación federal paralizó la deforestación de
los llamados bosques nativos, pero en la práctica continúan las
excepciones a ambas normas. “Hace más de tres años y medio venimos con quilombo
(lío) territorial”, cuenta el campesino Cuéllar, que vive en Copo, el
mismo municipio de Ferreyra. En aquel entonces un empresario de la
provincia de Tucumán (también del noroeste argentino) adquirió unas
2.400 hectáreas que eran del Estado provincial. Cuando las quiso
alambrar, las pequeñas comunidades indígenas que viven allí se
organizaron para defender sus derechos y entonces el inversor desistió
del proyecto y se lo vendió a un colega suyo de la céntrica provincia de
Santa Fe, José Ciccioli. El nuevo dueño de las tierras recibió la
autorización del Gobierno santiagueño para deforestarlas, pero volvió a
encontrarse con las protestas de los miembros del Mocase. Al igual que
otros empresarios con tierras en la zona, Ciccioli contrató a vecinos de
allí como guardias, según relata Cuéllar.
Dos días después del crimen de Ferreyra, la Policía detuvo a cuatro
empleados de Ciccioli. Uno de ellos es el presunto autor material y el
otro, quien lo acompañó en la cacería. La justicia también pidió la
detención del empresario, que de momento se encuentra prófugo.
La Iglesia ha tomado cartas en el asunto. El delegado para la
Pastoral Social y Derechos Humanos de la diócesis de Santiago del
Estero, Sergio Lamberti, opinó que "este asesinato es una muestra
cruenta y sangrienta de la escalada de violencia de la que son víctimas
las comunidades indígenas y campesinas por parte de estos empresarios
sojeros y de agronegocios, con el desalojo de familias enteras de los
campos en los que sus antepasados han vivido desde tiempos ancestrales".
En 2009, otro terrateniente asesinó a un indígena calchaquí que ocupaba
su presunta propiedad en Tucumán y el año pasado la Policía de la
provincia de Formosa (noreste de Argentina) dio muerte a un toba qom que
protestaba porque el Gobierno formoseño quería quitar sus tierras para
construir una sede universitaria. Los hijos y nietos del líder de la
comunidad toda qom que sufrió aquel ataque fueron amenazados hace dos
semanas con recibir un tiro.